Observatorio de Violencia Social y de género

¿Por qué es necesario el Centro las Libres?

El acceso al aborto es un derecho en todos los países desarrollados, especialmente, en los casos de violación, incesto o cuando la salud de la madre se encuentra en riesgo. En estos casos la decisión de practicarse un aborto o continuar un embarazo es un derecho fundamental de las mujeres y ninguna instancia de gobierno puede intervenir en el ejercicio de ese derecho.

En México, el aborto es ilegal pero se permite bajo determinadas circunstancias – por ejemplo como en los casos de violación o cuando está en riesgo la salud de la madre - que varían de un Estado a otro. 

En Guanajuato, el  aborto es ilegal, se castiga con penas de  6 meses a 5 años de cárcel para las mujeres que deciden realizarse uno y son denunciadas, mientras que la persona que lo realiza enfrenta penas que van de 1 a 3 años de cárcel. La única excepción en la cual no se penaliza el aborto es cuando el embarazo es resultado de una violación.

En Guanajuato, las víctimas de abuso sexual tienen que hacer frente a la hostilidad, incredulidad y humillación por parte de las autoridades (policías, médicos, ministerios públicos, etc.). Cuando deciden denunciar una violación además de enfrentar el hecho de ser víctimas de un delito sexual deben enfrentar a las instituciones encargadas de hacer justicia, quienes generalmente cometen otra violación a sus derechos al no brindarles la atención adecuada y al no garantizar el ejercicio de este derecho.

En ningún caso el Estado ha garantizado a una mujer víctima de violación su derecho al aborto legal, ya que a través de distintas instancias y acciones dilatorias, se obliga a la mujer a llevar a término el embarazo; anteponiendo a la aplicación de la ley, las creencias y convicciones personales de los servidores públicos. 

Esta discriminación institucionalizada es un reflejo de la discriminación familiar y comunitaria, donde mujeres y jóvenes, enfrentan un ambiente social y cultural represivo con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos.  La violencia doméstica y las actitudes machistas que no valoran a las mujeres, su trabajo y sus derechos aún prevalece.

Hechos a considerar:

  1. En Guanajuato, las autoridades NUNCA le han permitido a una mujer ejercer su derecho a un aborto legal; es decir cuando su embarazo es producto de una violación; no obstante que hay antecedentes de que varias lo han solicitado.
  2. En el año 2005, Planned Parenthood reportó que cada año, aproximadamente, 150 mil mujeres son tratadas en hospitales públicos mexicanos a causa de abortos mal practicados. No existen estadísticas de las mujeres que buscan ayuda en hospitales privados o de las que simplemente no buscan ayuda.
  3. En 1997, 68.4% de las mujeres mexicanas admitieron el uso de algún método de control natal comparado con el 30.2%, reportado 20 años antes, lo que demuestra que el uso de métodos anticonceptivos se ha expandido.  De cualquier manera, funcionarios conservadores del gobierno de Guanajuato continúan cuestionando la inclusión y el acceso a información sobre salud sexual y anticoncepción, especialmente para los jóvenes.
  4. La Secretaría de Educación de Guanajuato, ha prohibido la distribución y uso en escuelas públicas de libros de texto de educación sexual para niños y niñas de secundaria, aprobados por la Secretaría de Educación del nivel federal.